Acoso laboral en la Administración Pública

PorRedacción Acciones Judiciales

Acoso laboral en la Administración Pública

Es más habitual de lo que se cree que, los funcionarios públicos sean víctimas de acoso laboral, al igual que los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. En un post anterior, explicamos el acoso laboral para los trabajadores que tienen contrato de trabajo, definiendo el acoso laboral o mobbing como “Aquella conducta abusiva o de violencia psicológica que se realiza de forma sistemática en el ámbito laboral a través de reiterados comportamientos, manifestaciones o actitudes que lesionan la dignidad e integridad de la víctima. Ha de tratarse por tanto de una conducta sistemática o reiterada en el tiempo para que atente contra la dignidad del trabajador y que persiga que el trabajador afectado no pueda desempeñar su trabajo de la forma habitual en que lo venía haciendo hasta que se produjeron los ataques.”

 

1.- ¿Qué instancias tiene el funcionario público para reclamar por acoso laboral?

R: Tiene 3 alternativas, la instancia administrativa, y 2 instancias judiciales, por un lado, la interposición de un recurso, y por el otro lado, la presentación de una demanda por tutela por derechos fundamentales del trabajador , siendo esta última más efectiva para el funcionario público, que es acosado.

2.- ¿En qué consiste la instancia administrativa?

R: En caso de ser víctima de acoso, la primera instancia a la cual la persona debe recurrir es en la propia Institución, realizando una denuncia ante el jefe Superior de Servicio. Los servicios podrán incorporar alternativas para hacer llegar su denuncia, “Receptores de Denuncia”, los cuales entregarán información respecto a la formalización de la denuncia, fechas y plazos de éstas y del procedimiento administrativo. Los receptores de denuncia estarán señalados en los “procedimientos de denuncia, prevención y sanción del acoso laboral y sexual” de cada servicio público.

a) Denuncia ante el jefe/a superior de la institución, secretario regional ministerial o director regional de servicios nacionales desconcentrados: de acuerdo a lo previsto en el artículo 126º, título V de la Responsabilidad Administrativa, de la ley n º 18.834, sobre el Estatuto Administrativo, “si el jefe superior de la institución, el secretario regional ministerial o el director regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador” Lo señalado precedentemente es sin perjuicio de los procedimientos internos de denuncia previstos mediante reglamento por parte de las diferentes instituciones públicas.

b) Contraloría General de la República: el artículo 160º de la ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo, establece que “los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles.” No obstante, a través de su jurisprudencia administrativa, el órgano contralor ha expresado recientemente dictamen 22.777-2010 que “en lo que dice relación con la denuncia de acoso laboral, resulta necesario destacar, de acuerdo con lo expresado en los dictámenes nos 62.881, de 2009 y 8.570, de 2010, entre otros, de esta entidad de fiscalización, que la existencia de situaciones como la que se reclama, debe ser analizada en las instancias judiciales correspondientes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial, con el objeto de precisar si de ello se derivan infracciones administrativas.”.

 

3.- ¿En qué consiste la interposición del recurso de protección a favor del funcionario público que sufre acoso laboral?

R: En términos breves, el art. 20 de la Constitución Política de la República de Chile establece el recurso de protección, el cual puede ser interpuesto ante la Corte de Apelaciones correspondiente por quien a causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra un menoscabo en sus derechos fundamentales. También lo puede interponer cualquiera a su nombre. Debido a que los actos de acoso laboral o sexual pueden menoscabar la vida y la integridad física o síquica de una persona, derecho fundamental consagrado en el Nº 1 del artículo 19º de la Constitución Política de la República, es posible someter el conocimiento de estos hechos a esta instancia judicial, a efecto que determine las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

 

4.- ¿En que consiste la acción de tutela laboral para el funcionario público que sufre acoso laboral?

R: Todo/a ciudadano/a puede ejercer las acciones legales que estime conveniente a efecto de salvaguardar sus derechos, siendo los Tribunales Ordinarios de Justicia los encargados de conocerlas. La ley Nº20.087 estableció el procedimiento de tutela por derechos fundamentales del trabajador, el cual tiene por objetivo el resguardo de los Derechos Fundamentales de los/as trabajadores/as en el ámbito laboral, los que se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República.

 

5.- ¿Que conductas podrían ser alegadas por el funcionario público que es acosado laboralmente?

R: El funcionario público es víctima de acoso cuando, por actos realizados por otra persona en el ámbito laboral, siento que mi dignidad está siendo vulnerada, tales como:

– Gritar, avasallar o insultar.

– Asignar tareas con plazos imposibles de cumplir.

– Sobrecargar selectivamente a la víctima.

– Amenazar o coaccionarla.

– Quitar áreas de responsabilidad o incluso ningún trabajo que realizar.

– Modificar responsabilidades, sin decir nada al trabajador/a.

– Tratar de una manera diferente o discriminatoria.

– Ignorar o excluir.

– Retener información crucial o manipularla para inducirle a error.

– Difamar a la víctima.

– Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas.

– Castigar o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa.

– Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos.

– Animar a otros compañeros/as a participar en cualquiera de las acciones anteriores.

 

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